Los problemas del concejo de Mieres son pocos y, los que son, están todos en vías de solución. Esto es lo que podría sacar como consecuencia cualquier persona que conociese la carta enviada por el Alcalde de Mieres a la Delegación del Gobierno del Principado de Asturias, solicitando “la instrucción de un procedimiento administrativo o denuncia ante los tribunales” por “la existencia de una bandera preconstitucional que ondea en una finca particular” dentro del concejo en referencia a una bandera rojigualda con el escudo del Áquila de San Juan.

¿Qué ofensa, qué sacrilegio para los luchadores en pro de la libertad ideológica? Puntualicemos. ¿Qué ofensa, qué sacrilegio para los luchadores en pro de la ideología única? Eso es lo que demuestran los gobernantes de nuestro municipio.

A Izquierda Unida de Mieres le molesta que un particular exponga una bandera preconstitucional y pide una caza de brujas para quien tiene la osadía de exponerla en su propiedad privada, pero son los primeros en colgar banderas tricolores en la casa consistorial igual de preconstitucionales que la antedicha.

¿Qué poderío, qué algarabía para los luchadores en pro de la libertad de expresión? Puntualicemos. ¿Qué poderío, qué algarabía para los luchadores en pro de la expresión única? Eso es lo que demuestran los gobernantes de nuestro municipio.

Pero como el concejo de Mieres está limpio, ofrece empleo a propios y extraños, muestra un nivel de poblamiento cada año mayor, el tejido industrial crece como las setas, presenta unos servicios propios del siglo XXI, al Alcalde le puede preocupar que una bandera preconstitucional ondee en una finca privada y no que la tricolor lo haga en los balcones del Ayuntamiento. Y si bien pierde su preciado tiempo en tratar de eliminar una, no estima impropio actuar para izar la otra.

Mera anécdota. Sólo cabe resaltar que su misiva también ha provocado que la Secretaría General de la Delegación del Gobierno tuviese que emitir un análisis jurídico sobre la cuestión, lo que supone un coste de tiempo y dinero por sueldo percibido de quien ostenta tal puesto y la atención de la Delegada del Gobierno que educadamente se digna en contestar con otra misiva al requerimiento de don Anibal Vázquez, a la sazón el Alcalde de todos los mierenses, incluido el osado que ha colocado la bandera en litigio, para decirle que “la Constitución de 1978 reconoce como derecho fundamental tanto la libertad ideológica como la libertad de expresión” por lo que “en este sentido, la exhibición de banderas diferentes a las oficiales por parte de los ciudadanos es una expresión de esa libertad”.

Quizás lo que no sería tan descabellado es que el Alcalde, como autoridad de una administración pública, conociese que él sí podría ser acusado de prevaricación al poner en el Ayuntamiento símbolos en detrimento de los constitucionales y debería de usar su facilidad para cartearse con la Delegada del Gobierno para confirmar si está incurriendo en delito cuando ondea la bandera instaurada en la Segunda República en los balcones del edificio municipal que alberga su despacho. Y, sin embargo, como ciudadano Aníbal resultaría factible vestir una capa tricolor para ir por la calle sin acabar en un Juzgado, pues la exhibición por sí misma no puede ser prohibida o sancionada al no poder “retirarse símbolos de ideologías políticas que exhiban los ciudadanos en uso de sus derechos fundamentales”.

Podría extenderme comentando que ni la bandera del águila ni la de la II República son ilegales o inconstitucionales al tratarse de meros símbolos de otras épocas, aunque reconozco que pueden ofender los sentimientos de muchos por razones diversas. Más esta anécdota ya me ha supuesto ocupar parte de mi tiempo en hacer este escrito cuando para lo que me eligieron los mierenses es para dar repuesta a los múltiples problemas de los que adolece el municipio y no para regodearme de un despropósito. Mil disculpas.

BEATRIZ LLANEZA BLANCO
Concejal del Partido Popular de Mieres