Hace pocas fechas hemos podido contemplar la frivolidad, cuando no irresponsabilidad, de los diputados del PSOE, Ciudadanos y Podemos ¬incluidos sus electos asturianos¬ sobre la propuesta en el Congreso de cierre de las térmicas de carbón para 2020. Ante la ligereza con la que algunos hablan sobre las consecuencias de este posible cierre que se está tratando de impedir desde el Gobierno del Partido Popular, conviene poner en claro los argumentos que justifican la producción de energía con carbón en el mix eléctrico, al menos, hasta el 2030 y de las térmicas en Asturias. El dióxido de carbono es uno de los gases que contribuyen al calentamiento del planeta por el llamado efecto invernadero, pero en absoluto es un gas perjudicial para la salud. Sus emisiones, que son generalizadas en todas las actividades de nuestra civilización, no sólo las producen la generación de energía por combustibles fósiles o la gran industria (aproximadamente un 25% del total) sino que el transporte, las edificaciones, la agricultura, y otras actividades humanas son responsables del 75% restante. Los acuerdos de Kioto en 1997 y París en 2014 han conseguido que un gran número de gobiernos se hayan comprometido a la reducción de los llamados Gases de Efecto Invernadero (GEI) y la progresiva descarbonización de sus economías. En aras de cumplir los objetivos marcados y para salvaguardar las repercusiones que sobre la economía tengan las medidas que se adopten se deben de tener en cuenta una serie de consideraciones que creo son de sentido común:

1.º) La UE lidera el desarrollo de las políticas de reducción de los GEI y el Gobierno de España del PP se ha involucrado con estas políticas hasta el punto de que con total seguridad se cumplirán los iniciales compromisos para el año 2020 en materia de reducción de gases, energías renovables y eficiencia energética (20/20/20), mientras que ya se trabaja con los objetivos a 2030 y 2050 y en la elaboración de la Ley para el Cambio Climático y la Transición Energética.

2.º) Si la UE era en 2014 la responsable de la emisión de un 12% del total mundial de GEI, en 2020 con la reducción que se está produciendo lo estará por debajo del 10% correspondiéndole a España un peso inferior al 1% del total mundial. ¿Qué razones justifican adoptar medidas extremas por encima de los compromisos acordados, cuando no influiría en el mejor de los casos en una reducción del 0,05% de la temperatura mundial, pudiendo afectar gravemente a nuestra economía?

3.º) Si a algunos países de la importancia de Alemania no se le ponen trabas para producir el 40% de su energía eléctrica base con térmicas de carbón (lignito), ¿qué razón impide a España ¬cumpliendo con los compromisos globales de reducción de CO 2 ¬ cuando la UE lo permite, mantener parte de sus térmicas de carbón como energía de respaldo mientras no haya otras alternativas, y cuando las renovables no son capaces de cubrir la demanda?

4.º) La tozuda realidad nos dice que, aunque tenemos instalada una sobrepotencia de renovables (solar y eólica), en buena parte del año éstas no son capaces de cubrir la demanda, y más en años de sequía. Para garantizar nuestro suministro se necesitan energías de respaldo que son las que producen las centrales nucleares (de funcionamiento constante y sin producción de CO 2 ), las térmicas de carbón (con respuesta en unas horas) y las de ciclo combinado de gas (respuesta casi inmediata). La combinación de las tres obtiene precios más competitivos y facilita el cumplimiento de emisiones de CO 2 .

5.º) El cierre de las térmicas de carbón nos haría depender exclusivamente del mercado de gas, más caro y estratégicamente más inestable por la situación política de nuestro principal suministrador, lo que encarecería el precio de la electricidad a los consumidores y a nuestras empresas con pérdida de competitividad y riesgo de deslocalización de las mismas y reducción de empleo. El carbón tiene procedencias muy variadas y facilidad de almacenamiento.

6.º) La producción sin carbón basada en las centrales de gas, al elevarse el precio por ausencia de competencia, beneficia sospechosamente a la empresa eléctrica que ha anunciado el cierre de sus dos únicas centrales de carbón y que aboga por "una producción verde en beneficio del clima" lo que elevaría los precios de la energía que producen sus ciclos combinados, sus renovables y su hidráulica y, evidentemente, su cuenta de resultados. De sus políticas de defensa de los intereses generales da buena cuenta la sanción de 25 millones recibida de la CNMC en 2015 por manipular los precios en beneficio propio y por los que el gobierno tuvo que cambiar el sistema de subasta eléctrica.

7.º) El Principado de Asturias es la comunidad autónoma con mayor densidad de térmicas de carbón en funcionamiento de España: Aboño, Soto de Ribera, Lada, Soto de la Barca y La Pereda. Su cierre supondría la pérdida de más de 600 puestos directos, y varios cientos más de indirectos que dependen de empresas que prestan sus servicios con personal exclusivamente dedicados a diversas actividades en las centrales.

8.º) La economía regional de Asturias se vería afectada seriamente. Se reduciría sensiblemente el PIB; se perderían ingresos afectados a impuestos como el IAE, IBI, IRPF; el cierre afectaría a los puertos de Gijón y Avilés donde se descargan millones de toneladas de mineral de carbón; el transporte ferroviario y por carretera para suministrar desde los puertos el mineral a las térmicas asturianas desaparecería; el transporte por carretera a las térmicas de León como La Robla y Velilla no se produciría, además de las más de 300.000 toneladas que Renfe lleva a las centrales leonesas (más del 70% del tráfico de Pajares)

9.º) Las empresas asturianas y especialmente las electrointensivas (Arcelor, Asturiana de Zinc, Alcoa), podrían tener serios problemas de abastecimiento debido a las deficientes interconexiones de nuestra región al tener que importar la mayor parte de la energía de la que hasta ahora somos excedentarios.

10.º) Económicamente no se entiende la pretensión de cerrar centrales que a lo largo de estos últimos 10 años han hecho inversiones de cientos de millones de euros para reducir sus emisiones de partículas, desulfuración y desnitrificación y conversión a producción con carbones de importación, frente a las que de acuerdo con la planificación energética tenían previsto su cierre en torno a 2020 con la consiguiente reducción de emisiones de CO 2 atribuible al carbón en el balance nacional. En conclusión, la transición energética para cumplir nuestros compromisos de reducción de dióxido de carbono puede ser perfectamente compatible con el mantenimiento de buena parte de nuestras centrales de carbón y es el Partido Popular y el Gobierno de España quien está velando por los intereses generales para que no sean decididos por los particulares de otros. La UE ya nos garantiza la pervivencia de las térmicas de carbón hasta el 2030. Sólo nos falta que el tripartito PSOE-Ciudadanos-Podemos sigan tratando de estropearlo y defiendan los intereses de la cuenta de resultados de algunas empresas.

Ramón García Cañal
Diputado del PP en el Congreso

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