El juez decidirá, tras la denuncia anunciada por Somos, si el alcalde de Mieres, Aníbal Vázquez, ha incurrido en algún tipo de irregularidad administrativa en la contratación del servicio de ayuda a domicilio. Mientras, lo que es una evidencia es que la gestión del gobierno local en este caso concreto no gusta. PSOE y PP afirmaron ayer que comparten en el fondo los planteamientos de Somos. Coinciden en subrayar que el regidor se verá ante el juez por su inclinación a "gobernar por decreto". La Plataforma de Auxiliares de Servicio a Domicilio de Asturias también lanza reproches a los dirigentes municipales de IU: "Esta situación se produce tras casi una década de irregularidades". La coalición suma seis al frente del Ayuntamiento.

El grupo del PSOE lamentó ayer que el gobierno haya querido responsabilizar de la situación del contrato al Principado por un supuesto retraso en el pago de las subvenciones: "La aportación regional está garantizada, con dos pagos, uno a principios de año y otro en septiembre", señaló la portavoz Gloria Muñoz: "El Ayuntamiento de Mieres está en la mima situación que el resto de municipios asturianos y si el resto han contratado correctamente no entendemos por qué aquí no se ha hecho". Muñoz tiene claro cual el problema. "Todo viene de una mala gestión y de la falta de transparencia".

El PP dice que lleva años intentando sin éxito que el Ayuntamiento actualice el contrato del servicio de ayuda a domicilio, caducado en 2008. "Prácticamente cada año presentamos una moción, pero el gobierno de Mieres, pese a que han tenido seis años para hacerlo, no ha querido", señala el portavoz del grupo municipal popular. José Manuel Rodríguez valora que el polémico contrato esconde irregularidades: "No se puede ir prorrogando por decreto y mes a mes la relación con una empresa que debería regularse por concurso de manera anual".

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