El preacuerdo alcanzado por el Gobierno central en funciones (PP) con la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea para garantizar el mantenimiento de la minería hasta 2018, no tendrá efecto hasta que se hayan celebrado unas nuevas elecciones generales con resultado de formación de Gobierno. El documento supondrá un balón de oxígeno para el castigado sector, especialmente por los incentivos que garantiza a la quema de carbón nacional: una media de diez euros más por tonelada de carbón, tanto extraído en minas subterráneas como a cielo abierto. Más allá de 2018, por el momento, el futuro sigue negro. Con el objetivo de aclararlo, el PP presentó en el Congreso una Proposición no de Ley que incluye la reclamación a Bruselas de que habilite los mecanismos necesarios para prolongar la vida de los pozos. Tampoco se debatirá hasta que se forme un nuevo equipo.

El Partido Popular presentó ayer la propuesta en Oviedo, en una reunión a la que acudieron concejales de todas las comarcas mineras de la región. Encabezaron el encuentro la diputada regional, Emma Ramos, y la diputada en el Congreso y portavoz de Industria del PP, Susana López Ares. La primera destacó que "es el Partido Popular quien siempre ha tenido un riguroso compromiso con la minería". La responsable regional señaló que "así lo demostró en 2010, cuando el PSOE apostaba por el cierre. Otra vez en 2013, con la firma del marco de actuación que dio estabilidad al sector y otra vez ahora, con este preacuerdo con la Comisión Europea".

El punto clave del preacuerdo es el que recoge los incentivos a la quema de carbón nacional. "Es la salvación para el sector y garantiza un cierre ordenado", afirmó López Ares. La subvención para la quema de carbón extraído en minas subterráneas pasará de los 15 euros que recoge el convenio actual a los 25 euros por tonelada. Más es la mejora en minería a cielo abierto: de cero euros a diez. El nuevo incentivo se establecerá anualmente y tomará como referencia la diferencia entre el precio internacional y el precio establecido en 2013. El documento, siempre según las referencias actuales a su contenido, también exime a las empresas de devolver las ayudas a la producción.

Bruselas ya ha dado su respuesta, pero el documento no entrará en vigor hasta que España tenga un Gobierno estable. La aprobación definitiva de estas ayudas, confirmó López Ares, tendrá que acordarse en el Consejo de Gobierno. La diputada, a preguntas de los periodistas, dejó claro que el anuncio del convenio con la Comisión Europea no tiene nada que ver con la cercanía de las elecciones: "Yo creo que quien conoce el funcionamiento de la Unión Europea, sabe que estos asuntos van despacio. No se tarda ni un mes, ni dos, ni tres en preparar un acuerdo de este calado. Hemos trabajado durante muchos meses", afirmó.

Los incentivos a la quema de carbón nacional, al igual que el resto de puntos del acuerdo con Bruselas, caducan el 31 de diciembre de 2018. "Nuestro compromiso con la minería va más allá", aseguró López Ares. Como muestra, presentó una copia de la Proposición no de Ley que el PP registró (el día 26 de abril) al Congreso de los Diputados. En concreto, el segundo punto: "Culminar las gestiones para acordar con la Comisión Europea la puesta en marcha de un mecanismo que permita incentivar la participación del carbón autóctono en el mix de combustibles de las centrales térmicas y que posibilite la existencia de actividad minera a partir de 2018".

Las otras dos propuestas que aparecen en el documento son: la elaboración de un plan de cierre actualizado, con el objetivo de poder optar a las ayudas otorgadas del sector e impulsar la firma de convenios marco con las Comunidades Autónomas para garantizar su reindustrialización y su recuperación medio ambiental. En este apartado, la diputada evitó poner números a la reclamación: "Eso es algo que habrá que acordar con cada comunidad autónoma".

Las cortes están ya disueltas, así que el debate y la posible aprobación de la Proposición no de Ley del PP se queda como deberes para la próxima legislatura. Lo que no quiso aplazar López Ares fue su respuesta a las dudas surgidas entre el Gobierno regional (PSOE) por la falta de concreción del preacuerdo en Bruselas para el mantenimiento del sector más allá de 2018: "Se critica cualquier tipo de actuación que lleve a cabo el PP, sea buena o muy buena como esta a la que nos estamos refiriendo", destacó. Criticó que, a su juicio, los socialistas asturianos utilicen otra vara de medir con los suyos. Según López Ares "ya sabemos que aquí cuando uno echa la llave de la minería al mar, como ocurrió con el señor Almunia, desde aquí se cerró la boca. Cuando el PP consigue un acuerdo beneficioso para el sector y para la Comunidad Autónoma, parece que no les gusta, a lo mejor lo que no le gusta al PSOE es que ese acuerdo lo hayamos alcanzado nosotros".

Leer la noticia completa en "La Nueva España" »