Los peritos de la Unidad de Auxilio de la Agencia Tributaria (AEAT-ONIF) han ratificado hoy ante el juez Pablo Ruz que la empresa que reformó la sede del PP en la calle Génova, Unifica, pudo incurrir en varios delitos fiscales, pero que estos no serían atribuibles al partido.

Los peritos de Hacienda han declarado durante unas cuatro horas ante las partes del caso Bárcenas para confirmar el contenido de tres informes que elaboraron en esta causa.

Según han informado fuentes presentes en la comparecencia, los expertos se han ratificado en el contenido de los mismos, el último de ellos sobre los posibles delitos fiscales en los que pudo incurrir Unifica (propiedad del arquitecto Gonzalo Urquijo, imputado en la causa) en los años 2006 y 2007 por el Impuesto de Sociedades y 2009 y 2010 por el IVA.

A la vista de éste y otros informes sobre las obras de reforma de la sede el PP, Ruz consideró que podríamos estar "ante uno o más delitos contra la Hacienda Pública" cometidos por la empresa, por lo que la Agencia Estatal de Administración Tributaria figuraría como perjudicada por los mismos.

Estos delitos no serían sin embargo atribuibles al partido, según han confirmado los peritos, que no han entrado a analizar si a los entonces tesoreros del partido (Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas) se les puede imputar como cooperadores necesario de esas infracciones.

También han confirmado otro informe del pasado mes de octubre en el que la Agencia Tributaria elevaba a 1,7 millones de euros la cantidad en negro que supuestamente pagó el PP por las obras de reforma de su sede nacional, al constar que abonó parte de ellas con dinero procedente de "fondos ajenos al circuito económico legal" las obras en la planta baja.

Ese informe ampliaba otro anterior en el que Hacienda analizaba en primer lugar, al no estar prescrito en esos ejercicios el delito fiscal, la facturación por las obras ejecutadas de 2008 en adelante en otras plantas y en las que también constató diferencias entre las cantidades que figuran en las facturas requeridas al partido por esos trabajos y las incautadas a la empresa Unifica.

Esas diferencias sumaban un total de 1,7 millones de euros, superando en 812.000 euros los 888.000 euros que el extesorero Luis Bárcenas reflejó en la contabilidad paralela como pagos a Unifica.

Preguntados por estas diferencias y si podrían ser indicadoras de una "caja C" en el PP, los peritos han dicho que lo más probable es que constituyan pagos a otros proveedores de las obras.

Durante la declaración el abogado del PP les ha preguntado por la legalidad de los donativos de empresarios que Bárcenas anotó en sus papeles manuscritos con la supuesta caja B del partido, y los peritos han dicho que, según la ley de financiación de partidos, esas cantidades no estarían sujetas a tributación porque se destinaban a fines propios de la formación política.

Han explicado que el PP no tendría por tanto que haber pagado nada a Hacienda por esos donativos y han detallado que, en el caso de los donantes, no podían haberse desgravado ese dinero como gasto.

Tras la comparecencia hoy de estos peritos y el pasado lunes de los de la Intervención General del Estado, que también ratificaron sus informes descartando un cohecho en los donativos de los empresarios, la instrucción del caso Bárcenas está llegando a su fase final.

Ahora el juez tendrá que decidir qué hacer con la parte referida a una contrata sospechosa del Ayuntamiento de Toledo, si acepta las peticiones de archivo de los empresarios y por qué delitos y a quién considera que se debería juzgar en esta pieza separada de Gürtel, en el caso de que se incline por la apertura de juicio oral.

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