Mieres debe pagar 300.000 euros a los trabajadores por el recorte de salarios
2015 / 10 / 15 ( La Nueva España )
El Ayuntamiento de Mieres ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) las sentencias que avalan la reclamación de un gran número de trabajadores municipales, más de 120, todos ellos laborales, para la devolución de conceptos salariales suspendidos hace tres años. El gobierno local aún no se ha puesto en el probable escenario de tener que abonar las cantidades que la justicia considera que se deben reembolsar a la plantilla, aunque, en este primer envite, la cifra, según varias fuentes, oscilaría entre los 200.000 y 300.000 euros. Esta estimación se dispararía en el caso de que, que como todo, indica, los trabajadores, respaldados en la sombra por los sindicatos, sigan reclamando atrasos. En ese supuesto, el montante de los pagos pendientes superaría ampliamente los 500.000 euros.
El Ayuntamiento de Mieres apoyó en 2012 su plan de ajuste, por una deuda de 31 millones, con un recorte salarial que se sitúo en 1,4 millones de euros. Gracias a ello, el gobierno local ha logrado sanear las cuentas, evitando tener que afrontar regulaciones de empleo. Toda esta planificación está ahora en peligro, ya que los tribunales han desautorizado las medidas adoptadas. El primer golpe llegó a los pocos meses de aprobarse el plan de ajuste, a finales de 2012. Una sentencia, que no fue recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia, demandó al Ayuntamiento que "repusiera" a los trabajadores los derechos afectados por el recorte salarial El texto de la providencia apunta que el Ayuntamiento "impuso unilateralmente la medida", sin que la parte social hubiese mayor participación que su oposición escrita al plan mediante una propuesta alternativa presentada con posterioridad". Los sindicatos parecían en un inicio decididos a desmontar el puzzle con el que Gobierno de Mieres dio forma a los ajustes salariales. CCOO y UGT, tras lograr que los juzgados se pronunciasen en contra de la bajada de sueldos, al personal laboral del Consistorio, intentaron negociar un nuevo sistema de retribuciones. El Gobierno local no dio un paso atrás y las centrales optaron por no mover ficha. Lo dejaron correr.
Finalmente han sido los trabajadores, a título personal, los que han ido al juzgado a reclamarlo que la justicia indica que les pertenece. En las últimas semanas se han firmado un aluvión de sentencias que avalan la reclamación de los trabajadores para la devolución de conceptos salariales suspendidos hace tres años. La estimación de los sindicatos es que son algo más de 120 las reclamaciones avaladas judicialmente. El pago por trabajador rondará los 2.000 euros por demanda, salvo que el TSJA diga lo contrario.
Los funcionarios municipales, al estar sometidos a la normativa estatal, se han quedado sin la cobertura legal que tienen los laborales. Así únicamente este segundo grupo ha podido acudir a los tribuales. Son algo más de 250 los trabajadores con contrato laboral. La mitad, aproximadamente, han denunciado. Es decir, la plantilla se ha dividido en tres bloques. Por un lado, los funcionarios, que no pueden reclamar. Por otro, los laborales que han optado por asumir los recortes, y finalmente, los que han acudido a la vía judicial.
El PP alertó ayer de que se está generando en el Consistorio un peligroso agravio comparativo entre compañeros de trabajo. "Dos empleados, uno funcionario y otro personal laboral, están sentados en mesas contiguas y desarrollando las mismas funcioes. Se dará la situación surrealista de que uno percibirá anualmente más de 3.000 euros que el otro como consecuencia de una política errática".